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viernes, 23 de noviembre de 2018

Se repiten los errores del pasado

La situación a la que se enfrenta la comarca Andorra Sierra de Arcos se vivió en la cuenca minera central con el cierre de minas en los noventa y de la Central de Escucha en 2012. 😰😭


Lo que hoy está pasando en la Comarca de Andorra Sierra de Arcos, ya ocurrió en la de Cuencas Mineras hace más de 25 años. 


A mediados del siglo pasado, la Central Térmica de Escucha
se convirtió en el motor económico y social de toda la cuenca minera central y prácticamente todas las familias del territorio vivían del sector minero eléctrico. Junto con las minas de las que se abastecía la Térmica ubicadas en la zona, la actividad llegó a generar alrededor de 1.800 empleos directos y, por lo tanto, más de 7.000 indirectos.



Pero la crisis del carbón en los noventa, cuando empezaron a surgir los planes de reconversión para ir desmantelando el sector a nivel estatal, llevó a la empresa MSU a cerrar sus minas en 1992 y abocó a municipios como Escucha y Utrillas a una profunda depresión, que todavía hoy no se ha resuelto.


Pese a todo, el impacto no fue el mismo porque siempre quedaron opciones de continuar en el sector del carbón sin salir de la provincia. Javier Carbó, alcalde de Escucha, reconoce que muchos trabajadores pudieron ser recolocados en las minas de Ariño, Estercuel…
«No fue favorable tampoco la situación ya que el volumen de empleo que había y que se transformó en industria no se recuperó nunca», señala el primer edil. Catorce años después del cierre de las minas, en 2012, la Central de Escucha dejó de echar humo definitivamente. 



El sector del carbón decía adiós a la cuenca minera turolense central, que esperó sin suerte las alternativas y la reindustrialización prometida. «Se produjo un cierre total sin alternativas y sin compensación de ningún tipo por parte de nadie, pese a la deuda histórica que había con este territorio», critica por su parte el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno.


Con el cierre de las minas, el metal se convirtió en la alternativa al carbón y la empresa Casting Ros llevó a Utrillas más de 400 empleos. Poco a poco, se han ido instalando otros proyectos como el de la cárnica Espuña y se ha impulsado el turismo que da a conocer el patrimonio industrial. «Es lo único que puede decirse que mantiene la masa laboral de la comarca», reflexiona Moreno, que exige una diversificación del tejido industrial «real, seria y planificada». «El cierre de las centrales y del carbón es algo que se venía macerando hace años, no es un asunto improvisado y todo el mundo sabía que iba a llegar. Por eso habría que haber evitado este monocultivo promoviendo otras actividades», señala el primer edil, muy crítico con DGA por «centrarse en las provincias de Huesca y Zaragoza y dejar de lado Teruel».


La Comarca de Cuencas Mineras ha reducido su censo a la mitad desde los años noventa y hoy en día sigue perdiendo población a marchas forzadas.
El fin del carbón se ejecutó sin soluciones para sus gentes, un ejemplo del que los gobiernos de Aragón y España parecen no haber aprendido.



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jueves, 22 de noviembre de 2018

Estamos desprotegidos... ¡Más Guardia Civil!

Pues nada, tras casi un año ya tenemos los primeros cambios en el medio rural....

Cierran los cuarteles😡😰

Casa Cuartel de la Guardia Civil de Orea (Guadalajara),

¿Que no cesan los robos? 
Somos unos exagerados.
¿Que nos matan? 
Aquí magnificamos las cosas.


Que los que aún siguen siendo los jefes de nuestra seguridad sean unos completos incompetentes no quiere decir que no necesitemos seguridad, quiere decir que necesitamos gente competente al mando.

Es sencillo de entender



#nostienendesprotegidos 
#nostienenabandonados
#SiempreIranzo



Las casas cuartel echan el cierre

La falta de efectivos aboca a la clausura de cientos de puestos de la Guardia Civil y deja a los pueblos cada vez más solos y desprotegidos

La entrada de Alcolea del Pinar (una localidad de 328 habitantes en Guadalajara), junto a la N-II, está enmarcada con un complejo de edificios vallados y en visible estado de abandono. Es la antigua casa cuartel. “En 2013 el Ministerio del Interior decidió trasladar este puesto a Sigüenza, nos resistimos, preguntamos, pero nunca nos dieron ni respuestas ni explicaciones”, dice Carmen Rojo, concejal de ese Ayuntamiento. Desde entonces viven “con 40 familias menos: Mujeres, niños... Nos hemos quedado más solos y desprotegidos. En este destacamento estaban destinados 40 guardias y sus patrullas salían y entraban todo el día”.


Desde hace meses sufren también una oleada de robos. “En sucursales bancarias, en la sede de la ITV, en casas con gente dentro, en vehículos, no paran, pese a las persecuciones de los vecinos”, enumera Rojo, que advierte: “Aquí más de uno ha pensado ya en coger la escopeta”. En Guadalajara han subido un 16,8% las infracciones penales según los últimos datos de criminalidad de Interior del primer trimestre de este año. Este sábado se reunían decenas de vecinos del pueblo para convocar una manifestación ante su cuartel cerrado. “Estamos desprotegidos”, “Más Guardia Civil”, se lee en los carteles.


Antes de salir por la puerta de su casa, el guardia Víctor Caballero, gaditano de 38 años, se giró y le dijo a su mujer: “Vamos a coger a ese cabrón y nos vamos a ir de vacaciones con una medalla”. Cinco horas más tarde era acribillado a tiros junto a su compañero de patrulla, Víctor Romero (30 años) en un páramo conocido como El Ventorrillo (Teruel). 


El serbio Norbert Feher, Igor El Ruso, se ocultaba en una masía del término municipal de Albalate del Arzobispo y les disparó a quemarropa. Se va a cumplir un año de aquello y Noelia Lorens, de 36 y viuda de Caballero, sigue esperando a que le reconozcan el derecho a una pensión. “Aquel día ellos perdieron la vida, pero yo lo perdí todo”, dice en una cafetería de Alcañiz (Teruel).


“No hubo un operativo como tal; iban buscando a un ladrón armado que había disparado a varias personas, y solo se cubrió la zona con cuatro patrullas de los puestos más próximos”, recuerda Javier Armero, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Teruel, donde los índices de delincuencia han subido un 8,8%, y hasta un 46,1% los robos con fuerza en domicilios, según los últimos datos de criminalidad del Ministerio del Interior de 2018.


“Los delincuentes no son tontos, se esconden y delinquen allí donde se sienten menos vigilados”. Y recuerda que, “como en otras provincias de España, la mayor parte de los puestos de la Guardia Civil están cerrados y abren un día a la semana unas horas por falta de efectivos”. En Albalate del Arzobispo hay cuatro guardias que pueden llegar a cubrir un territorio de 1.600 kilómetros cuadrados (algo menos que toda Gipuzkoa) para abarcar las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.

La situación es extrapolable a toda España. Solo 28.400 de los aproximadamente 77.000 componentes de la Guardia Civil están destinados en los 1.942 cuarteles que hay en España. Hay algunos puestos en los que solo hay un guardia, muchos con dos, tres o cuatro, según el catálogo de 2017 al que ha tenido acceso EL PAÍS (ver gráfico). El resto de efectivos se supone que “están en especialidades (Tráfico, SEPRONA, Policía Judicial...) o son mandos o realizan labores burocráticas y no están de cara al ciudadano”, según fuentes del Instituto Armado.


Sin embargo, ni la Dirección General de la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han activado el Plan de Redistribución Territorial que lleva años de cajón en cajón y que pretendía agrupar puestos para que —al menos— hubiera 20 efectivos por acuartelamiento.

Nadie parece dispuesto a abrir esa caja de Pandora. “No se ha entrado en materia, requiere un consenso político muy grande, nosotros ponemos el estudio técnico y operativo pero la puesta en marcha es una decisión política”, aseguran en la Dirección General de la Guardia Civil. “No es tiempo de hablar de ese tema aún”, dicen en Interior, después de que la semana pasada el ministro, Fernando Grande-Marlaska acudiera al cuartel de Berlanga de Duero (Soria) para anunciar la apertura de una comisaría y una cárcel rodeado de mandos que no pertenecían a ese puesto. “En Berlanga, que lleva unos 15 pueblos, ahora mismo solo hay cinco guardias y ni cabo ni sargento, es decir, uno hace las veces de comandante de puesto sin serlo, como en tantos sitios”, dice un guardia de la zona.




Natividad Colas, vecina de Milmarcos (Guadalajara) de 86 años, lo tiene claro: “La Guardia Civil es sagrada, más que el cura”. Y añade: “Aquí tenemos un cuartel abandonado y otro nuevecito, que nos construyó “un pez gordo” del cuerpo, que debió de pensar que para hacerlo en otra parte, pues mejor en su pueblo; aunque está y no está porque cuando llamamos nos sale Guadalajara o Molina de Aragón, si vienen es a dormir”. En Milmarcos supuestamente hay destinados tres guardias pero, como la mayor parte de puestos, abren por horas algún día a la semana o permanecen cerrados (un cartel indica “llame al 062”), porque se prioriza sacar las patrullas a la calle.



El general de Castilla y León, Clemente García Barrios, ordenaba hace dos semanas cerrar los cuarteles por falta de efectivos y la delegada del Gobierno, Virginia Barcones (del PSOE y natural de Berlanga), le obligaba a anular esa orden recordando que no se puede restar servicios básicos al ciudadano, como la seguridad, si se quiere evitar la despoblación de los pueblos y atender los casos de violencia de género. 

 “No tengo ninguna duda de que estos puestos deben seguir abiertos y hay que compatibilizar el estar presente en los cuarteles con tener unidades en la calle”, decía la delegada días después de enmendarle la plana al general.

El alcalde de Checa (Guadalajara), Jesús Alba,
 en el centro de la imagen con chaqueta gris,
rodeado de vecinos delante del cuartel que mantienen

“Ante la falta de efectivos, lo que se está haciendo es exactamente lo que ordenó el general: cerrar los cuarteles y sacar las patrullas con parejas de guardias formadas por agentes de puestos próximos para lograr hacer los turnos”, coinciden guardias de Soria, Guadalajara, Teruel, Burgos, Granada... Lo llaman “núcleos operativos”, pero “las extensiones de terreno que cubren son cada vez más grandes, pudiendo incluir hasta 40 pueblos”, explican.

Carmen Rojo, concejal de Alcolea del Pinar (Guadalajara),
 delante del cuartel cerrado.

El déficit de efectivos tiene supuestamente su origen en “la crisis”, que paralizó las convocatorias públicas de empleo y “no se han cubierto las plazas de todos los guardias que se han ido jubilando en los últimos años”.


Hace un mes, otro guardia del puesto de La Zubia (Granada), José Luis Arcos, de 49 años, moría tiroteado por un delincuente en Huétor Vega. Le acompañaba una guardia en prácticas, recién salida de la escuela. “Hay pocas patrullas, no hay gente para cubrir tanto territorio, nuestra demarcación acaba en Sierra Nevada o en el otro límite de Dúrcal y Padul”, dice un compañero de ese puesto, que recuerda que “entre bajas, cursos, comisionados, vacaciones...”, se hace casi imposible cubrir los turnos y siguen cerrando cuarteles: “Trevélez, Órgiva... muchos en Las Alpujarras. Esta distribución territorial es de la época de los bandoleros”.


Un somero recorrido por cuarteles de Soria (con algo más de 500 guardias y 19 puestos, en total), Teruel (670 guardias y 33 puestos) y Guadalajara (644 y 31 puestos), evidencia que, más allá del efecto disuasorio que pueden tener para potenciales delincuentes, esos cuarteles actúan como una suerte de ancla poblacional en una España con un 90% de territorio rural en el que habita aproximadamente un 20% de su población. 


En una gran mayoría de los 8.000 municipios del país la seguridad depende exclusivamente de la Guardia Civil, porque no cuentan ni con Policía Nacional (presente solo en pueblos de más de 20.000 habitantes), ni pueden permitirse una policía local. Y son cada vez más los casos en los que los ayuntamientos asumen el coste de mantener abiertos los cuarteles como medida de protección. Según los últimos estudios de la FEMP, mientras que la población ha crecido globalmente en España un 15% desde el año 2000, en el medio rural ha bajado un 8%. Los alcaldes pagan


“Los cuarteles son importantísimos para los pueblos. Si no se siente segura, la gente se va”, dice Jesús Alba, alcalde socialista de Checa (Guadalajara), donde mantienen con dinero del consistorio (unos 6.000 euros al año) el cuartel para que siga siendo habitable. Al igual que hace la alcaldesa del vecino pueblo de Orea (184 habitantes), Marta Corella: “Hemos invertido más de 40.000 euros en arreglar el techo y dos pabellones (pisos) para que puedan vivir dos familias de guardias”, asegura. Así sucede, viven dos familias, pese a que ni tan siquiera pueden trabajar en el pueblo porque como ocurre en otros muchos de estos acuartelamientos, no tienen acceso a Internet. “Al menos que se vea que hay alguien, y si viene uno con malas intenciones, igual se lo piensa”, dice el alcalde de Checa.


“La seguridad, como la sanidad o la educación, son clave en la vertebración social de los municipios”, señala Joaquín Moreno (Compromiso con Aragón), alcalde del municipio turolense de Utrillas (3.000 habitantes), que lleva invertidos 85.000 euros en el proyecto técnico de un nuevo cuartel y en las catas de los suelos que ha cedido el consistorio para su construcción. El antiguo lo cerró hace dos años el Ministerio del Interior “por ruina”. Mientras lo construían, y como medida provisional, cedieron una nave industrial en la que hoy se alojan los 12 guardias de ese puesto y sus oficinas. “Pero en el próximo pleno decidiremos si les echamos porque llevamos dos años para que construyan un nuevo cuartel”.


En el caso de Monteagudo de las Vicarías (200 almas en Soria), el Ayuntamiento (PP) cede dos viviendas sociales para que hagan las veces de cuartel y viven tres guardias, que hacen turnos con los de Arcos de Jalón (1.500 habitantes).


En el cuartel de Abejar (Soria), como en el de Checa, Orea, Alustante o Milmarcos (Guadalajara), o en el de Alfambra (Teruel), o en los de Huétor Santillán, Tocón, Castril, Cacín, Moclín (en Granada), en la mayor parte de los acuartelamientos que no son cabecera de comarca, un cartel en la puerta (cerrada) indica que se llame al 062, el teléfono de emergencias de la Guardia Civil. Y a esperar, “más o menos, dependiendo de donde vengan”.


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martes, 16 de octubre de 2018

¡No pedimos caridad, exigimos justicia! #TeruelExiste

No renunciaremos al 
Corredor Cantábrico-Mediterráneo
#NoPierdaselTren


Manifiesto en Valencia 
7 octubre 2018


Desde la unánime voluntad de los hombres y mujeres de la provincia de Teruel y queriendo interpretar el sentimiento de todos los convocantes de esta manifestación, queremos dar las gracias por vuestro apoyo a todos cuantos habéis participado en la misma y muy particularmente a los que, desde distintos lugares de Aragón y la Comunidad Valenciana, os habéis desplazado a esta ciudad de Valencia, tan admirada y querida, que nos acoge.


No queremos dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los aragoneses y en particular a los turolenses, que residentes en su tierra natal o en esta tierra de acogida, han venido apoyando esta justa demanda. 


Simbolizamos este agradecimiento en la persona de Luis Pascual, escultor y artista fallero, descendiente del pueblo turolense de Fuentes Calientes y autor de los últimos cuatro “ninots indultats” en los certámenes falleros. 


Él, tuvo la amabilidad de obsequiarnos con la construcción de ese simpático “Tamagotchi”, que ha desfilado por Zaragoza y Valencia, como espantajo y reproducción del lamentable servicio del ferrocarril, que a través de Sagunt y Teruel une a las dos capitales de las Comunidades Autónomas valenciana y aragonesa.


Nos encontramos aquí exigiendo de nuevo, porque vuelve a ser necesario, que se realice ya el tramo sur del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, es decir la conexión Zaragoza-Valencia por Teruel y Sagunt, tal como fue anunciado y prometido.


Es la exigencia, que en una situación normal debiera ser innecesaria, de que se realice una infraestructura cuya ejecución ya está contemplada en los instrumentos de planificación del transporte españoles y europeos vigentes, Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), o en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento, en ambos con el objetivo de “transformar en ferrocarril de alta velocidad para viajeros y mercancías”, … y por ello sorprende que debamos estar reivindicándola constantemente. 


Y es así porque sobre la misma se ciernen reiteradamente amenazas, aplazamientos y olvidos, cuando no indicios de su desaparición entre la planificación prioritaria, consecuencia de determinados “acuerdos de despacho” poco transparentes.


Es obvio que ha habido históricamente y los hay ahora, importantes intereses en contra de esta conexión, que juegan a fondo sus bazas, aunque ello suponga la condena al infradesarrollo y la despoblación de amplias áreas territoriales, como por ejemplo la provincia de Teruel, y reducir el potencial de crecimiento de otras, como Valencia y Zaragoza. 


Y esa es la alarma que saltó cuando conocimos, en junio pasado, que en la revisión de las prioridades de financiación de la red Transeuropea de Transporte para el periodo 2021-2027, mediante el Mecanismo Conectar Europa (CEF), había desaparecido el tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza, pese a ser parte integrante de la Red Básica que debe ejecutarse con horizonte temporal máximo hasta el año 2030.


Es evidente la importancia social y económica de esta conexión entre la tercera ciudad más poblada de España (Valencia) y la quinta (Zaragoza) , entre el principal puerto en tráfico de contenedores del Mediterránero (Valencia-Sagunt), con su plataforma Parc Sagunt, y la Plataforma logística más grande del suroeste de Europa (PLAZA) y con el tercer aeropuerto español en tráfico de mercancias (Zaragoza); y si lo extendemos al conjunto del corredor, la conexión entre los puertos de Castelló, Sagunt y Valencia con los grandes puertos del Cantábrico (Bilbao, Santander, Pasajes) y ciudades de la fachada atlántica del sur de Europa (Burdeos, Paris).


Un corredor ferroviario que enlaza territorios de siete comunidades autónomas, con el 22% de la población (10 millones de habitantes) y el 22% del P.I.B. español. Y es, así mismo, evidente, que la infraestructura actual -en Teruel, un ferrocarril de vía única, sin electrificar y con velocidad media de 70 km/h- es incapaz de aprovechar las enormes posibilidades de este trazado.


Una infraestructura adecuada, es decir un corredor de alta capacidad con vía doble electrificada, va a “poner a trabajar” una gran parte del territorio hasta ahora inactivo, generando sinergias derivadas de la nueva y optima conectividad que se produce entre enclaves económicos de gran importancia (puertos, plataformas logísticas, terminales ferroviarias, aeropuertos,..), mejorando sustancialmente las condiciones de operatividad de los dos corredores europeos en España que enlaza, Atlántico y Mediterráneo y permeabilizando el transporte ferroviario en este cuadrante nororiental de la península ibérica, conectando además los puertos marítimos de los dos corredores en igualdad de condiciones para todos ellos. Y con ello, lo que supone de generación de riqueza y empleo.


Pero es que, además, este corredor puede ser un ejemplo paradigmático de lo que sería la aplicación correcta de uno de los principios básicos de las políticas comunitarias cual es la de profundizar en la cohesión económica y social, que indica la necesidad de conciliar las prioridades de las redes transeuropeas, con la integración de las zonas despobladas, de forma que haga de las redes de transporte una de las herramientas fundamentales para responder a los desafios de las zonas escasamente pobladas, como es el caso de la provincia de Teruel, atravesada por el corredor.


La no inclusión de este tramo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo entre las prioridades de financiación, y lo que de ello se derivaría, que es su no ejecución, supone para la provincia de Teruel continuar indefinidamente fuera de las redes de ferrocarril, aislada y sin conexión con los corredores de alta velocidad y capacidad que, curiosamente, la circundan. 


Y esto supondría un durísimo agravio en tanto que el actual proyecto de corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo nació en 2004, por parte del Ministerio de Fomento, como compensación a Teruel por ser excluido de la relación radial de AVE Madrid-Cuenca-Valencia, para no demorar su construcción.


Esta conexión es pues, claramente, de interés y magnitud estatal y relevancia europea. Así mismo, su construcción es fundamental para la recuperación estructural y estratégica de la provincia de Teruel, acercándola a la posibilidad de competir en unas mínimas condiciones de igualdad con los territorios colindantes, insertándola en las redes funcionales del suroeste de Europa.


Teruel se juega en este envite un paso decisivo en su subsistencia. Una provincia que ha visto como sus gentes han tenido que dejar sus hogares en busca de un futuro que se les niega por falta de oportunidades; que todavía hoy pierde 100 habitantes cada mes y que marcha inexorable hacia su desaparición, no puede ser marginada, una vez más en sus justas aspiraciones.


Pero Teruel no está pidiendo caridad, 
sino que exige Justicia. 


Harta ya de ser la provincia olvidada, declarada por la vía de los hechos “en abandono institucional”, ha dicho ¡¡Basta!! 


Y aquí estamos, como estaremos allá donde haga falta, para evitar que siga el estado de cosas que nos ha llevado a la marginación institucional, para reivindicar aquello que creemos merecer en justicia y que no vamos a consentir que nos quiten sin defenderlo.


Por ello resultaría inaceptable que las actuaciones en el tramo Zaragoza-Sagunto se limitasen a la mejora de la línea actual con una inversión , como se anunció en su día, de 335 millones de euros, mientras en los tramos de Zaragoza al Cantábrico se han anunciado inversiones de más de 12.000 millones de euros.


Es evidente que no estaríamos hablando del mismo corredor y que una vez más se nos pretendería dar “gato por liebre”. Como es de justicia y equidad, exigimos que el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunt se ejecute con las mismas características técnicas y en los mismos plazos que los tramos más al norte de este corredor (de Zaragoza al Cantábrico)


Y por concluir, queremos transmitir dos simples peticiones:

* Al Gobierno de España: que retome la tramitación administrativa necesaria para realizar el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Teruel y Sagunto, de altas prestaciones, con doble vía electrificado, y para uso mixto de pasajeros y mercancías, previsto en la planificación española y europea en vigor, y presentado públicamente por los Ministros de Fomento, en 2004, Magdalena Alvarez y 2009, José Blanco, y en especial del tramo Teruel-Sagunt cuyo Estudio Informativo y Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que contaba ya con los informes favorables del Gobierno de Aragón y de la Generalitat Valencia, se dejó caducar en 2015, todo ello sin menoscabo de que realice los trabajos necesarios de mantenimiento y mejoras en la línea actual

*Al Parlamento y Unión Europea: que lo incluya, a petición del Gobierno español como es procedente, en su mecanismo de financiación Conectar Europa (CEF) que aprobará en breve y del que inicialmente quedó excluido.


En definitiva: 

¡¡¡Financiación europea para hacer de una vez el corredor de altas prestaciones, tantas veces prometido, Sagunt–Teruel-Zaragoza, en los mismos plazos y condiciones técnicas que los tramos al norte del Corredor!!!

Gracies Valençia !!
Gracias Aragón !!
Gracias Teruel !!


#NoPierdaselTren

tomado de: Teruel Existe

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